Acuerdo de Escazú: acceso a la información para la ciudadanía ante los atropellos ambientales, por Victoria Marchisio

En medio de la pandemia y con tanto pesimismo por números fríos que hoy son la vedette, es grato compartir noticias de las buenas y, por eso, volví a escribir con cierto anhelo. Y por supuesto que lo vuelco a la cuestión ambiental, de la que tan poco se difunde y tan esencial resulta para nuestra vida, ya que, sin importar cuán involucrados estemos, al aire saludable lo necesitamos todos de igual modo para vivir.

La buena nueva es que, con la aprobación de la Cámara de Senadores en agosto del 2020 y la materializada hace apenas unos días en la Cámara de Diputados de la nación, quedó ratificado el Acuerdo de Escazú por parte de la República Argentina, por lo que resta sólo una firma para que entre en vigencia -para América Latina y El Caribe- tan importante tratado en materia de medio ambiente.

Este acuerdo regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe es el primer tratado regional sobre el medio ambiente en América Latina y el Caribe, y el primero del mundo con disposiciones respecto de los defensores de los DD.HH relativos al medio ambiente, haciéndose eco de una enorme cantidad de muertes violentas sufridas por activistas en defensa del ambiente, que han quedado impunes y desatendidas.

Este tratado busca garantizar un derecho prioritario para la ciudadanía frente a los atropellos de los Estados y de particulares también, disponiendo de mecanismos y herramientas legalmente válidas y vinculantes para asegurar el derecho a la información, la participación ciudadana en la toma de decisiones y también destinado a contar con mecanismos adecuados para el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales con tinte ambiental.

El texto de este tratado fue consensuado en marzo del 2018, en la ciudad de Escazú, Costa Rica, y de allí su denominación. En septiembre del 2018, Argentina firmó el acuerdo en el marco de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, EEUU, completando en la madrugada del viernes el proceso de incorporación del país al acuerdo, con la aprobación de la Cámara de Diputados.

El mismo busca establecer nuevos estándares para cumplir con el tan esencial “Principio 10 de democracia ambiental”, incluido en la Declaración de Río de Janeiro de 1992 sobre el medio ambiente y el desarrollo, el cual podemos resumir con las palabras de entonces al decir que:

 “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.

El acceso a la información ambiental es uno de los principales instrumentos que los ciudadanos tenemos para concretar el ejercicio del derecho a un ambiente sano, éste último expresamente consagrado desde el año 1994 en la reforma de la Constitución Argentina, a través del artículo N° 41. Este mecanismo es el que permitirá conocer las acciones que llevan a cabo tanto los actores públicos como los privados en nuestra región.

Es más que relevante este paso, toda vez que tratados como éste imponen a nivel nacional una normativa vinculante que incentiva y fomenta la participación pública en la toma de decisiones y en el acceso a la justicia ambiental.

Se caracteriza, además, por ser pionero en comprometer a los Estados-Parte a garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los DDHH en temas ambientales, puedan hacerlo sin amenazas, restricciones e inseguridad, debiendo sancionar a quienes vulneren dicha garantía. 

Si bien contamos con una norma en este sentido, al no haber sido reglamentada aún, no podemos afirmar que es cien por ciento efectiva. También es  importante aprovechar la ocasión para poner de relieve que son varios los organismos públicos que han incorporado mecanismos de acceso a la información ambiental, pero es aún complejo el camino que el ciudadano comprometido debe realizar para llegar a buen puerto en la obtención de dicha información.

La realidad indica que los mecanismos disponibles actuales no resultan suficientes ni eficientes. Ésta es la razón por la cual el Acuerdo de Escazú viene a traer una nueva perspectiva para que el Estado argentino revea los mecanismos actuales y pueda mejorarlos para que todos los ciudadanos argentinos tengan acceso a la información ambiental y logren participar activamente de los procesos de toma de decisiones, y, eventualmente, puedan activar los mecanismos necesarios para lograr el acceso a la justicia ambiental para que restablezca el derecho vulnerado en tal sentido.

Expectantes quedamos entonces a la firma número 11, para dar paso a un nuevo tratado internacional, que, de mínima, sienta una base que sirva de estándar para ir construyendo una sociedad más comprometida, más justa, más equitativa y segura para quienes defienden, y finalmente, más sostenible.

Como digo siempre, la esperanza es lo último que se pierde. Y esta pandemia mundial, la que nos abofeteó de un día para el otro y nos obligó a barajar y dar de nuevo, entre otras cosas, nos pudo de cara con muchas realidades. Una de ellas fue un shock de realidad para los incrédulos. Ya nadie duda que la actividad humana es la causante de las tragedias ambientales. La “humanidad presa sin consumismo ni abusos, ni atropellos contra la naturaleza, sanearon el aire, devolvieron vida a los ecosistemas, y animaron a los animales a vivir bien. Nos regalamos un cielo color celeste y volvimos a disfrutar de respirar aire puro.